Derecho a la soberanía energética

Derecho a la soberanía energética

En los post anteriores hablamos de los cuidados y la alimentación y esta vez hablaremos de la energía. De los cuatro ejes que tratará el Tribunal Popular, uno de ellos es la energía.

Entendemos que el camino para construir sociedades más sostenibles, justas y equitativas pasa por garantizar el acceso universal de todas las personas a los recursos, de forma que pueden satisfacerse las necesidades básicas para una vida digna. En este sentido consideramos que las leyes deberían proteger el derecho básico al acceso a la energía necesaria para vivir y la soberanía energética le las personas y los territorios.

A continuación presentamos los casos relacionados con la vulneración de este derecho.

1_ ORGANIZACIÓN QUE DOCUMENTA: WEST SAHARA RESOURCES WATCH (WSRW)
LUGAR: SAHARA OCCIDENTAL (territorios ocupados)

Más de 40 años de ocupación y expolio energético

En 1975 Marruecos ocupó el territorio del Sahara Occidental, llenándolo de colonos y desplegando su ejército por todo el espacio. Dicha ocupación se evidenció además con la construcción de un muro defensivo de 1200 km, protegido con militares, vayas y minas antipersona y antitanque, en la frontera con Argelia. Desde entonces la población saharaui enfrenta una situación de violación permanente de derechos civiles y políticos sin ninguna posibilidad de defensa, junto con la explotación de recursos naturales y energéticos en los territorios ocupados.

En todos estos años Marruecos ha dado permisos para realizar prospecciones de petróleo y gas en los territorios ocupados, y en la última década su política energética se ha dirigido hacia la implantación de grandes instalaciones eólicas y solares, parte de las cuáles se sitúan en los territorios ocupados.

El derecho a organizarse y decidir sobre los recursos de sus territorios

Desde hace más de cuatro décadas las personas saharauis viven en un estado de marginación viéndose completamente vulnerado su derecho a organizarse y defenderse como pueblo. Así la población lleva años enfrentando la represión del ejército marroquí, y tal y como han recogido numerosas declaraciones sus condiciones laborales han empeorado significativamente respecto a los colonos marroquíes. Se estima que sólo 1 de cada 5 habitantes del Sahara occidental es saharaui, y 2⁄3 de la población saharaui se ha visto obligada a vivir en campamentos de personas refugiadas, con un acceso mínimo a la energía y otros recursos naturales. Mientras los recursos de su nación son explotados por Marruecos y empresas de todo el mundo (Canadá, Rusia, Lituania, Nueva Zelanda, Australia, Venezuela, India, Alemania, Francia, Italia, Irlanda, España…). Además, la concesión de licitaciones para construir proyectos en el territorio ocupado refuerza el estado de ocupación del territorio, sin ningún tipo de reconocimiento ni consulta sobre las decisiones tomadas a la población saharaui. Con todo, después de más de 40 años, y a pesar de tener reconocido internacionalmente el derecho a autodeterminación no han podido ejercerlo.

Por todo ello, nos encontramos ante un caso de clara vulneración de derecho a las vidas sostenibles que será juzgado y reconocido en el tribunal celebrado en febrero en Bilbao.

2_ ORGANIZACIÓN QUE DOCUMENTA: plataforma de afectados por la hipoteca (PAH)
LUGAR: PAMPLONA

Necesidades básicas frente al lucro privado del sector energético

El actual modelo energético del estado español lo sustentan una serie de empresas que formando un oligopolio controlan el mercado del sector y gestionan estos servicios ya privatizados orientándolos al lucro, en vez de la satisfacción de necesidades vitales. Esto hace que muchas familias sin recursos vean vulnerado su derecho básico del acceso a la energía para poder vivir.

El caso que denunciamos en el Tribunal para las Vidas Sostenibles es el de una familia de Pamplona formada por dos personas adultas y una niña pequeña, que como tantas otras en los últimos años se ha visto sin recursos para poder pagar los suministros básicos de energía. Ambas personas adultas llevan tiempo en situación de desempleo, lo cual generó una deuda que desencadenó en desahucio, debido también a unas leyes abusivas que vulneran el derecho de defensa de las personas desahuciadas y protegen a los bancos. En los años siguientes, la familia ha mantenido su situación de deuda, viéndose imposibilitada su capacidad para hacer frente a los gastos de los suministros básicos. Tras varios años sin poder pagar las facturas de la electricidad han recibido avisos de corte de electricidad y este riesgo ha hecho que la única solución para esta familia sea fraccionar el pago de la deuda, de modo que han tenido que renunciar a otras necesidades básicas para poder afrontarla.

Acceso universal a la energía para una vida digna

La falta de apoyo institucional, el largo tiempo de espera para la contestación de cualquier ayuda y la falta de sensibilidad por parte de las compañías energéticas multiplican y hacen más dura si cabe la injusta situación de más familias cada vez. Más del 15% de la población del Estado tiene problemas para hacer frente a sus facturas. Así, estas personas ven violado su derecho básico a una vivienda digna, es decir, una vivienda con unas condiciones de habitabilidad básicas, temperatura adecuada, energía para alimentarse y poder realizar los cuidados básicos requeridos por cualquier persona.

Tal y como recoge el manifiesto de la campaña “Tipi-Tapa Bagoaz. Hacia vidas sostenibles”, la energía debe ser reconocida como un derecho básico y por ello reivindicamos la implementación de leyes que tengan como fin el acceso universal a una cantidad de energía que asegure una vida digna a todas las personas.

2018-06-09T18:25:00+00:0022 febrero 2018|0 Comments

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