El 23 y 24 de febrero, en el Tribunal Popular que realizaremos en Bilbo hablaremos de soberanía alimentaria, además de los cuidados.

 

Los casos aquí descritos muestran como en distintas partes del mundo con realidades aparentemente diferentes, se está vulnerando gravemente el Derecho al Territorio y la Soberanía Alimentaria. Tanto en el caso de Euskal Herria como en la población indígena Iacu Cachi, se da la expropiación de tierras de pequeñas comunidades agrícolas para imposición de modelos de desarrollo que priorizan el lucro privado a los intereses comunes.

En el tribunal para las vidas sostenibles reivindicamos la centralidad de tierra, junto con el agua, como bienes comunes vitales. Apostamos así por una agricultura, ganadería y pesca generadoras de alimentos de calidad y libres de transgénicos. Entendemos que en todos los casos deben incluirse mecanismos participativos para pensar el territorio.

1_ ORGANIZACIÓN QUE DOCUMENTA: BIZILUR
LUGAR: EUSKAL HERRIA

Una infraestructura destructiva e inviable.

En 1998 comenzaron los rumores de un tren de alta velocidad que uniría las tres capitales vascas entre sí y posteriormente éstas con los Estados Español y Francés. En 2004-2005 se presentó públicamente el trazado del Tren de Alta Velocidad (en adelante TAV/AHT) lo que se conoce actualmente como la Y Vasca (192 kms de recorrido), la cual supone una inversión económica total de 10.000 millones de euros. La planificación y diseño ha sido competencia tanto del Ministerio de Fomento del Estado español como del Gobierno Vasco. La construcción del TAV/AHT comienza en 2006 y debido a la especificidad del paisaje vasco, el trazado resulta complejo y destructivo; un 70% discurre por túnel y un 10% por viaducto. En la actualidad gran parte del recorrido sigue en construcción y no se han definido otros aspectos importantes de la infraestructura.

Esta red ferroviaria se concibió para tener una conexión rápida principalmente con las capitales del Estado español y francés. Pero ambas conexiones ni tienen proyecto ni presupuesto y hay serias dudas de su viabilidad. Además, los expertos indican que, debido a la corta distancia de las capitales entre sí, el TAV/AHT no podría alcanzar la velocidad esperada para representar un significativo ahorro de tiempo de viaje. El principal perfil del usuario es el hombre blanco de negocios, lo que conlleva la exclusión de acceso de personas de renta baja.
Por tanto, en la actualidad, los pilares en los que estaba basado el éxito del TAV/AHT se han desmoronado.

Movilizadas por la defensa del territorio y la soberanía alimentaria

Por otro lado, desde una perspectiva de la Soberanía Alimentaria se hipoteca el uso del suelo (se han expropiado 674 hectáreas) y de los bienes naturales, negando la posibilidad de una ordenación del territorio más acorde con necesidades reales de las personas y dificultando entre otras la posibilidad de producir alimentos locales.

El Tribunal Popular para las Vidas Sostenibles celebrado en Bilbao quere denunciar los casos paradigmáticos de Atxondo y Ezkio Itsaso, poblaciones de 1.400 y 600 habitantes respectivamente. Ambos pueblos de tradición agraria han sufrido la expropiación de una parte importante de tus tierras afectando significativamente a la agricultura de la zona, y por tanto el derecho a la soberanía alimentaria. Por no hablar de otros daños en la calidad de vida de las personas, o el evidente impacto que ha sufrido el paisaje. Desde el principio estas
comunidades se han manifestado enérgicamente en contra de la construcción del TAV.

2_ ORGANIZACIÓN QUE DOCUMENTA: MNCI (Argentina)
LUGAR: Bajo Hondo, Depto. Juan Felipe Ibarra, Provincia Santiago del Estero, ARGENTINA

Intereses empresariales y desplazamientos forzados.

El sector rural en Argentina se caracteriza por una fuerte concentración de tierra agrícola en manos de una oligarquía agraria compuesta por grandes familias conservadoras. Estas representan los intereses de los principales productores de transgénicos y la implementación del modelo industrial neodesarrollista en la agricultura, cuyo objetivo es destinar los territorios de los Pueblos Indígenas, pequeña agricultura y áreas protegidas a la explotación incontrolada de los recursos naturales para la expansión del agronegocio y el monocultivo.

Para ello, en las últimas décadas, los empresarios han arremetido violentamente contra las comunidades para forzarles a la cesión de sus derechos y les amenazan con desalojos extrajudiciales. La relación con la tierra de los Pueblos Indígenas es fundamental para su supervivencia y desarrollo, por lo que desplazarlos de sus territorios o impedir el acceso a sus recursos naturales implica una sentencia de muerte comunitaria.

Esto ha generado que en los últimos años, la comunidad Indígena Iacu Cachi del pueblo Guaycurú en Bajo Hondo viva una situación de constante conflicto y resistencia, siendo objeto de amenazas, detenciones ilegítimas y torturas por funcionarios policiales. Asimismo los miembros de la comunidad han sido falsamente criminalizados e imputados por delitos inexistentes. Paralelamente se da la introducción por parte del empresario al territorio de bandas encapuchadas, fuertemente armadas, manteniendo a las familias cautivas y
extorsionadas mediante coacción e impartición del miedo en un espacio reducido del campo, bloqueando caminos vecinales y realizando operativos ilegales de requisa.

La impunidad de la violencia y la resistencia del pueblo Iacu Cachi.

En los años 90 unas 40 familias vivían en Bajo Hondo en un campo de aproximadamente 4000 has. Desde entonces diversos empresarios (Putiniano, Bielsa,…) se han apropiado de una parte importante de las tierras, desalojando a los poseedores legítimos ancestrales para iniciar inmediatamente trabajos de desmonte y alambrado.

En el año 2012 ingresa al territorio el empresario Orlando Canido dueño de la gaseosa Manaos, quien manifiesta que compró las 4000has, arremete contra los pobladores para que cedan sus derechos y acciones posesorias amenazando con ser desalojados extrajudicialmente. En julio del 2016 cuatro camionetas y 20 personas armadas con el rostro cubierto irrumpieron violentamente en el territorio amenazando a Valeria Araya y Mari Leguizamón, y destruyendo y quemando los corrales y bebederos de los animales, y envenenando los pozos de agua. En septiembre, tres camionetas de la empresa Manaos de Orlando Canido, cargadas con 15
personas armadas entraron arremetiendo a tiros contra la comunidad que tuvo que refugiarse en el monte con sus hijos e hijas, resultando herido un compañero y mientras veían como prendían fuego a sus viviendas y vehículos.

Dadas las circunstancias lxs niñxs han dejado de asistir a la escuela del pueblo, porque son monitoreados constantemente y violándose así el derecho fundamental a la educación. Además, la impunidad de los empresarios goza del apoyo del Gobierno y el poder judicial, por lo que las denuncias de la comunidad no han surgido efecto. Entre otros, la comunidad indígena Iacu Cachi está viendo gravemente vulnerados su derecho a
la Alimentación, a la Educación, el derecho de Libre Circulación y el derecho a la Salud.